Convenio con el Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Alicante

Fundesem ha formalizado un Convenio con el Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Alicante, para el otorgamiento de becas de hasta el 50% del importe a sus jóvenes colegiados para la realización del Curso Superior de Asesoría Laboral (ASLE)

Para poder optar a la beca los colegiados deben cumplir los siguientes requisitos:

• Haber aportado la Solicitud de Admisión al Programa ASLE
• Ser menor de 30 años
• Tener una antigüedad no superior a 2 años de colegiación aportando Certificado de estar colegiado con fecha de colegiación
• Preparar 2 Cartas de Recomendación (Profesores, empresarios, presidente o miembro de la junta, etc...)
• Preparar 1 Carta personal de Motivación a la beca.
• Aportar Expediente académico.

Cómo van a afectar a la Abogacía las leyes que vienen

publicado en www.Abogados.es
por Tomás González Cueto, abogado.

Últimamente escribo mucho, tal vez demasiado, sobre las reformas legislativas o normativas en general que afectan a los abogados en la conformación de su profesión y en el ejercicio de su actividad. Es verdad que todos los días se aprueban normas, pero la mayor parte de ellas tienen una importancia menor para el conjunto de los abogados. Pueden afectar a algunos en su trabajo diario, pero raramente inciden en la labor de todos o de la mayor parte. Sin embargo, en los últimos tiempos estamos asistiendo a un despliegue normativo del poder legislativo y del ejecutivo (en aquellas normas reglamentarias que le competen) que asusta un poco. Tal vez siempre ha ido igual y nos limitamos a olvidar las etapas anteriores. Seguro que es eso, pero cuando me enfrento a lo que está llegando, siento la necesidad de compartir algunas preocupaciones (podríamos utilizar la palabra "reflexiones", aparentemente más culta, pero menos correcta en este caso).

A estas alturas ya casi he olvidado las dos leyes hermanas implementadoras de la Directiva de servicios, esto es, la "Paragüas" y la "Ómnibus". Tampoco me acuerdo ya de la extensa e intensa reforma procesal para la implantación de la Oficina judicial. Sin embargo, empiezo a recordar de nuevo a nuestra añorada Ley de Acceso a la profesión de abogado (y a la de procurador) - Ley 34/2006, de 30 de octubre-. Se trata, en verdad, de una ley añorada, aprobada en la legislatura anterior, pero que aun no ha entrado en vigor. Y, ¿por qué me acuerdo de ella precisamente ahora? Porque el plazo de vacatio legis de cinco años (¡cinco años!, lo leo y sigo sin creérmelo) va a llegar en 2011 y seguimos sin Reglamento de desarrollo. El problema es que sin la norma reglamentaria no es posible aplicar la Ley. Hemos visto varios borradores de los que prefiero no opinar (no merece la pena disgustarse hasta el final), pero todavía nada. Y las Universidades, los Colegios de Abogados, el Consejo General, las Comunidades Autónomas y supongo que también los propios Ministerios afectados, están desorientados y, lo que es peor, no les va a dar tiempo ya a hacer las cosas bien.

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